La Junta Nacional de Justicia resolvió no ratificar al fiscal José Domingo Pérez, decisión que implica su salida definitiva del Ministerio Público tras no superar el proceso de evaluación de desempeño y conducta. La medida, adoptada en el marco de los procedimientos regulares de control institucional, marca un punto de inflexión en el sistema fiscal peruano.

El organismo precisó que la decisión fue tomada por unanimidad luego de analizar diversos criterios, concluyendo que no se alcanzó la “convicción positiva” necesaria para renovar la confianza en su continuidad. A pesar de su participación en investigaciones de alto perfil, la evaluación integral consideró tanto su rendimiento profesional como su conducta funcional.

Durante el proceso, la JNJ examinó el trabajo del fiscal en distintos casos, incluidos aquellos vinculados al Caso Lava Jato, donde Pérez tuvo un rol protagónico. Sin embargo, la revisión no se limitó a los resultados obtenidos, sino que también abarcó el cumplimiento de normas internas, aspectos disciplinarios y observaciones previas de otras instancias del sistema de justicia.

Asimismo, se tomaron en cuenta referencias y pronunciamientos de entidades como el Tribunal Constitucional, además de elementos administrativos que formaron parte del análisis global. Según la JNJ, este enfoque responde a un modelo de evaluación que busca garantizar la idoneidad y probidad de jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones.

La salida de Pérez genera un impacto inmediato dentro del Ministerio Público, especialmente en el equipo especial anticorrupción, donde era una de las figuras más visibles. Su participación en investigaciones contra actores políticos y empresariales lo convirtió en un fiscal de alta exposición pública, por lo que su no ratificación podría incidir en el desarrollo de procesos en curso.

Desde la Junta Nacional de Justicia se enfatizó que la no ratificación no constituye una sanción penal, pero sí el cese en el cargo como parte del sistema de control institucional. La decisión reabre el debate sobre los mecanismos de evaluación en el sistema judicial peruano y su efecto en casos emblemáticos de lucha contra la corrupción, así como en la estabilidad de equipos especializados dentro del Ministerio Público.