El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por los problemas ocurridos durante la reciente jornada electoral. La acción legal fue interpuesta ante la Ministerio Público del Perú, luego de que se reportaran fallas logísticas y tecnológicas que afectaron el normal desarrollo de la votación en varios puntos del país.

La denuncia, presentada por el procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, fue admitida por el Quinto Despacho Fiscal de Lima. El documento solicita investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, atentado contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral. Según el escrito, Corvetto habría conocido con anticipación los riesgos operativos, pero no habría informado a tiempo al pleno del organismo electoral, lo que habría impedido adoptar medidas preventivas.

El expediente también incluye a funcionarios de la ONPE como Eduard Alarcón, gerente de Administración, a quien se le atribuyen fallas en la supervisión del contrato logístico, y a Ricardo Saavedra, responsable de organización electoral, por no haber garantizado la estabilidad del sistema tecnológico ni la conectividad en los locales de votación. Las deficiencias habrían contribuido a retrasos en la distribución de material electoral y a incidentes reportados en diversas regiones.

También se incluyó en la denuncia a José Zamame, exgerente de Gestión Electoral, por presuntas deficiencias en la planificación, así como a Juan Alvarado, representante legal de Galaga SAC, empresa encargada del transporte de material electoral en Lima Metropolitana. De acuerdo con la denuncia, la compañía no habría contado con una flota adecuada para cumplir el servicio contratado, lo que habría agravado los retrasos.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República del Perú citó para el 14 de abril a Corvetto y a Roberto Burneo, presidente del JNE, para que expliquen lo ocurrido durante la jornada electoral. Las autoridades legislativas buscan esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia o fallas sistémicas que comprometieron el desarrollo del proceso democrático.