Casi el total del aparato estatal en el Perú presenta señales alarmantes de corrupción o disfunción administrativa, según reveló el último informe del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, elaborado por la Contraloría General de la República.

La evaluación abarcó 2,928 entidades públicas y concluyó que el 99% de ellas presentan al menos un indicador de riesgo, lo que demuestra un deterioro sistemático de la institucionalidad.

De ese universo, 321 instituciones fueron catalogadas como de riesgo “muy alto” y solo 25 lograron ubicarse en el nivel “bajo”. La situación compromete a todo el aparato estatal: desde el Gobierno Nacional hasta los gobiernos subnacionales, pasando por organismos autónomos y empresas del Estado. El informe también estima que las pérdidas anuales generadas por la corrupción alcanzarían los S/ 9,522 millones, cifra que impacta gravemente en la economía nacional y la calidad de los servicios públicos.

El INCO mide dos dimensiones principales: la inconducta funcional —que incluye desidia, negligencia o abandono de funciones— y la corrupción directa, entendida como el uso indebido del poder para obtener beneficios personales en perjuicio del erario. Ambas dimensiones son analizadas mediante 7 variables y 24 indicadores, entre los que se encuentran designaciones irregulares, contrataciones sin competencia, obras paralizadas y proveedores sancionados.

Entre los hallazgos más preocupantes destaca la persistente designación de funcionarios sin el perfil adecuado, lo que contribuye a decisiones mal fundamentadas, así como la alta proporción de obras públicas inconclusas o abandonadas. También se advierte un control interno débil o inexistente en buena parte de las instituciones, lo cual impide detectar y sancionar oportunamente irregularidades.

La Contraloría ha reiterado que el objetivo del INCO no es señalar culpables individuales, sino establecer una línea base objetiva que permita al Estado adoptar medidas preventivas y correctivas. Sin embargo, los resultados muestran que los riesgos no solo persisten, sino que se han extendido a todo el aparato público, evidenciando una crisis de gobernabilidad que pone en entredicho la integridad y eficiencia del Estado peruano.