El Instituto de Defensa Legal (IDL) mantiene una deuda con el Estado peruano tras no cancelar una multa administrativa de S/34.055 impuesta por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La sanción permanece vigente en el Registro Único de Sanciones del Estado y fue aplicada por una infracción considerada grave durante un proceso de supervisión relacionado con el uso de fondos de cooperación internacional.

La controversia se originó el 8 de marzo de 2024, cuando la APCI inició una fiscalización sobre un proyecto financiado por la Open Society Foundation, que había otorgado al IDL un financiamiento de 1,35 millones de dólares. Como parte de la ejecución del proyecto, la organización debía transferir recursos a diversas entidades, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), que recibió 10.000 dólares.

Durante la supervisión, la APCI programó una entrevista con COMISEDH para verificar el destino de los recursos transferidos. La reunión fue fijada inicialmente para el 8 de noviembre de 2024, pero no llegó a realizarse. Posteriormente, el proceso fue reprogramado en dos oportunidades durante ese mismo mes. Según el IDL, la falta de respuesta de la entidad beneficiaria impidió concretar el encuentro.

Ante esta situación, la APCI inició un procedimiento sancionador en marzo de 2025 al considerar que hubo obstrucción a las labores de supervisión. La resolución calificó los hechos como una infracción grave y, en julio de ese año, ratificó la multa por S/34.055. Aunque el IDL presentó un recurso de apelación en agosto, este fue declarado infundado un mes después, quedando firme la orden de cobranza.

De acuerdo con la información difundida, el representante legal del IDL, Carlos Rivera, expresó públicamente que la organización no pagará la multa. Mientras tanto, la sanción continúa vigente y las autoridades mantienen el proceso de cobro conforme a las normas que regulan la supervisión de los recursos provenientes de la cooperación internacional.