El abogado Humberto Abanto denunció que el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), a través del fiscal Ordaya, habría solicitado al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria el allanamiento de su oficina y la de su colega Juan Mario Peña, así como la detención de ambos.

Aunque la solicitud fue inicialmente rechazada, según fuentes cercanas, habría sido reingresada a mesa de partes con la expectativa de que el caso recaiga en manos de los jueces Richard Concepción Carhuancho o Margarita Salcedo Chávez Tamariz.

La denuncia fue hecha pública por el propio Abanto, quien afirmó haber sido informado por personal del Ministerio Público sobre el pedido de intervención en su contra. La medida estaría relacionada con la investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien se le imputa liderar una presunta organización criminal. Abanto, abogado defensor de alto perfil, calificó esta acción como un atropello a la legalidad y un intento de represalia por su labor en casos controversiales.

Abanto advirtió que el allanamiento vulneraría el secreto profesional entre abogado y cliente, principio que, según recordó, fue protegido por el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Arsenio Oré. Afirmó que, de concretarse, solicitará la destitución del juez que la autorice ante la Junta Nacional de Justicia, por considerar que ello sentaría un grave precedente en perjuicio del derecho a la defensa.

“Esto no es justicia, es venganza institucional”, expresó Abanto, al señalar que se busca intimidar a quienes ejercen defensa técnica en casos de alta exposición pública. En su declaración sostuvo que el uso de medidas extremas por parte de la Fiscalía debilita las garantías del debido proceso y daña la independencia de la labor legal en el país.

 

 

 

 

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