Durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso la creación de una comisión de alto nivel que analice la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La iniciativa, anunciada como parte de la exposición de la Política General de Gobierno, busca abrir un debate “serio y responsable” sobre el rol del país dentro de ese marco regional.

Arana sostuvo que la comisión estaría integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y organismos competentes, a fin de garantizar una discusión plural y con legitimidad. En su discurso, destacó que, aunque el Ejecutivo tiene competencias soberanas en materia internacional, es fundamental sumar a diversos actores para construir una decisión consensuada.

El premier explicó que la intención no es precipitar una salida, sino evaluar de manera técnica y política si la pertenencia al sistema responde aún a los intereses del país. Añadió que la conformación de dicha comisión contribuiría a aclarar las implicancias y beneficios de seguir o no bajo la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana.

Actualmente, la pertenencia del Perú a ese sistema internacional permite que ciudadanos accedan a mecanismos de protección ante violaciones de derechos humanos, incluyendo medidas cautelares y sentencias vinculantes. Una eventual salida supondría renunciar a esas herramientas de supervisión internacional.

La propuesta generó reacciones inmediatas en el Parlamento y en sectores de la sociedad civil, dado que plantea un giro importante en la política exterior peruana. El anuncio marca un momento de tensión entre el ejercicio de la soberanía y los compromisos asumidos en tratados internacionales en defensa de los derechos fundamentales.