Por Mariella Balbi, publicado en Expreso

Durante 15 días de escándalo fiscal, la ciudadanía comprobó con estupor que el Ministerio Público (MP) y buena parte del Poder Judicial, Corte Suprema incluida, son una verdadera autarquía que ha hecho cera y pabilo del ordenamiento jurídico. Este oscuro poder desafía cualquier decisión legal que no le convenga. Es el mismo ‘estilacho’ que usó la primera Junta Nacional de Justicia. Recordemos, sacó a la mala a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación (FN) en seis días, violando el debido proceso. Una de sus integrantes excedía la edad permitida, pero se zurró en la ley, imponiéndose con una interpretación rocambolesca. Fue ayudada por el Poder Judicial, institución de donde venía. Esta organización cuenta, además, con abogados y ONG que realizan el trabajo en redes y cuenta con el auspicio de medios vinculados al caso Odebrecht.

La gente de a pie tiene otras preocupaciones. Pero la ofensiva de este partido judicial ilegal es inédita y fue muy grotesca, quedando claro que para este conglomerado vinculado al progresismo la Constitución y las normas no existen cuando no le favorecen. Cumpliendo la ley, la actual JNJ repuso a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. A la autocracia progresista le dio urticaria, movilizándose como en los regímenes totalitarios. La atornillada FN, Delia Espinoza, organizó vigilia con velitas (¿quién las pagó?), entonaron el himno del MP (algunos recurrieron al celular para cantarlo). Contra toda institucionalidad, se pronunciaron los fiscales supremos, también la ‘división de Lima’, los fiscales provinciales y cuantos quisieron sobar al poder autocrático. Quien no se cuadra es despedido. No importa que la JNJ sea un organismo constitucionalmente autónomo. Como en las peleas callejeras, desafiaron y ‘pecharon’ (retaron), sabiendo que esta JNJ no saldrá del cauce legal y no usará la matonería jurídica.

Con el apoyo de la ‘división Panzer’ de la Suprema, se suspendió absurdamente a Benavides (no tiene cargo) como fiscal de la Nación y suprema. Un combo rápido que los institucionalistas solo tienen que respetar. No interesa que dicha suspensión deba verla el Congreso. Nada importa, ellos son la ley.

La democracia boba no pudo sacar a la invasora de la Fiscalía y la JNJ —que nombra y destituye jueces y fiscales— recibió un jaque mate. Con este partido político-judicial regresará el oscuro Harvey Colchado, no habrá investigación por desbalance patrimonial para varios fiscales, Odebrecht saldrá libre de polvo y paja. Habrá persecución fiscal. Además, gracias al escándalo, pasó convenientemente desapercibido que Odebrecht (Novonor) exige que el Perú devuelva “los medios probatorios utilizados en el caso Lava Jato”. Súmele que la empresa brasileña también recusa el Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado.

Para este partido político-judicial, el retorno de Benavides significa que se investiguen casos que buscan sepultar. El brazo ‘oenegero’ trató de llamar a la calle para respaldar a la organización y crear un caos, como lo hicieron con el expresidente Manuel Merino, pero la calle está más fría que este invierno. La pregunta del millón es: ¿por qué prospera la actitud matonesca y retadora frente a instituciones como la JNJ y no hay consecuencias inmediatas? La fiscal Espinoza integró el JNE presidido por el cuestionado Jorge Salas Arenas, hoy vocal supremo. Practica los mismos modales mafiosos y arbitrarios. La JNJ investigará a Espinoza, pero será lentísimo.