La fiscal Geovana Mori ha solicitado al Poder Judicial una condena de 35 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, como parte de la acusación por colusión agravada en el caso del Gasoducto del Sur.

Según la investigación, ambos habrían favorecido a la empresa Odebrecht durante su gobierno (2011-2016) en la adjudicación de la obra valorizada en más de 7 mil millones de dólares.

La acusación comprende a un total de 19 personas, entre ellos varios exministros del gobierno humalista, como Luis Miguel Castilla, Carlos Paredes Rodríguez, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga. Para Paredes también se ha solicitado una pena de 35 años, mientras que para los demás exfuncionarios se han pedido hasta 29 años de cárcel. El empresario brasileño Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, también figura entre los acusados, con un pedido de nueve años de prisión.

La tesis fiscal sostiene que la expareja presidencial favoreció a Odebrecht debido al compromiso adquirido por los tres millones de dólares que la constructora brasileña habría entregado a su campaña del 2011. Barata declaró en 2019 que las coordinaciones eran principalmente con Heredia, pues consideraban que el entonces presidente tenía dificultades para comprender los procesos técnicos de licitación. Sin embargo, en 2023 cambió su versión durante un nuevo interrogatorio en Brasil, lo que lo llevó a perder su condición de colaborador eficaz.

Este nuevo proceso se suma a la condena de 15 años que ya pesa sobre Humala por otro caso de financiamiento ilegal de campañas, donde también estuvo implicada Odebrecht, así como el gobierno venezolano. El exmandatario cumple su sentencia en el penal de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes investigados por corrupción.

Por su parte, Nadine Heredia logró que Brasil le concediera asilo político, argumentando razones humanitarias. Actualmente reside en São Paulo bajo la protección del Estado brasileño, lo que complica una eventual extradición. La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en que su rol en las negociaciones fue clave y mantiene firme su acusación en este caso emblemático de presunta corrupción de alto nivel.