El mecanismo de acuerdos de gobierno a gobierno (G2G) utilizado para ejecutar proyectos de infraestructura en el Perú requiere reglas claras sobre cuándo debe aplicarse y un mayor control fiscal para evitar riesgos en las finanzas públicas. Así lo señala un análisis de Apoyo Consultoría, que advierte que el problema no radica en el sistema en sí, sino en la falta de criterios definidos para elegir entre los distintos modelos de ejecución de obras públicas.

Según el informe, en enero de 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una revisión integral de los acuerdos G2G, tras advertir que la cartera heredada de proyectos bajo este esquema supera los US$ 30.000 millones, equivalente a cerca del 9 % del PBI o a casi dos años de inversión pública. La revisión se produjo luego de la resolución del contrato con la PMO francesa encargada de la nueva Carretera Central y de los accesos al aeropuerto.

El análisis también se desarrolla en un contexto de presión sobre el gasto público. El presupuesto de 2026 refleja un crecimiento sostenido de las remuneraciones del sector público, que aumentaron cerca de 12 %, mientras la inversión pública cayó 13 % en 2025. Ante ese escenario, el MEF optó por no ampliar las asignaciones para varios proyectos de prevención de inundaciones bajo el esquema G2G con el objetivo de cumplir la meta de déficit fiscal.

Los datos comparativos muestran diferencias entre los mecanismos de ejecución de infraestructura. Desde 2018, la obra pública tradicional acumula 149 proyectos de transporte adjudicados, frente a 46 contratos bajo asociaciones público-privadas (APP). Sin embargo, en los grandes proyectos recientes el G2G ha ganado terreno frente a las APP, especialmente en el periodo 2021-2025, cuando se registraron 41 contratos bajo este modelo frente a 17 bajo el esquema de concesiones.

Apoyo Consultoría sostiene que el país necesita una política de infraestructura de largo plazo, con reglas fiscales explícitas y una institucionalidad de gestión que permita elegir el mecanismo más adecuado según cada proyecto. Sin esos elementos, advierte el informe, cualquier modalidad —sea G2G, APP u obra pública tradicional— podría enfrentar los mismos problemas de sobreacumulación de proyectos, paralizaciones y renegociaciones.

Entre las recomendaciones planteadas figuran establecer un techo vinculante para los compromisos de infraestructura, utilizar el mecanismo G2G solo cuando permita cerrar brechas de capacidad del Estado o acelerar proyectos complejos, y priorizar las asociaciones público-privadas en obras de gran escala donde sea posible transferir riesgos al sector privado y mejorar la eficiencia en la ejecución y operación de la infraestructura.