El exfiscal Rodrigo Rurush sostuvo que el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde incurrió en los delitos de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, al intentar detener una diligencia legal realizada en el 2018 en las instalaciones del Instituto de Defensa Legal (IDL), luego de una llamada del periodista Gustavo Gorriti.

Según Rurush, Sánchez lo amenazó directamente por teléfono para que suspendiera dicha actuación fiscal, en la cual se solicitaba la exhibición voluntaria de documentos.

El testimonio de Rurush fue recogido en el marco de una denuncia constitucional que ya fue admitida contra la fiscal suprema Delia Espinoza, a quien se le imputa haber archivado irregularmente el caso contra Sánchez. Espinoza habría omitido incluir evidencia clave en el registro audiovisual de la diligencia, lo que para el exfiscal confirmaría una maniobra para blindar a su colega, supuestamente a cambio de apoyo político para su eventual nombramiento en la alta dirección del Ministerio Público.

Rurush también señaló que Gustavo Gorriti incurrió en los mismos delitos al ser el primero en llamar para interceder, y luego confrontarlo directamente durante la diligencia, alegando una supuesta vulneración a la libertad de prensa. A pesar de que los abogados del IDL permitieron inicialmente el ingreso, la llegada de Gorriti y la llamada de Sánchez interrumpieron todo procedimiento legal que se desarrollaba dentro de los cauces permitidos por el Código Procesal Penal.

Para Rurush, tanto las acciones de Sánchez como las omisiones de Espinoza generan un precedente grave para la administración de justicia, al establecer que no se pueda actuar si no existen pruebas directas como audios o videos explícitos de una amenaza. Además, cuestionó que nunca se investigara cómo Pablo Sánchez obtuvo su número personal, ni por qué insistió en impedir una diligencia perfectamente legal. Afirmó también que las acciones de Espinoza constituyen cohecho y encubrimiento personal.