La especialista en gestión pública Karla Gaviño señaló que los recientes cuestionamientos al desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) evidencian deficiencias estructurales en los mecanismos de control e integridad dentro del sistema electoral. Según indicó, gran parte de los problemas detectados responde a la falta de incentivos adecuados para garantizar la transparencia y supervisión en los procesos.

Gaviño sostuvo que el sistema de integridad interno de la ONPE “ha demostrado que no funciona”, lo que obliga a replantear la forma en que se fiscalizan las contrataciones y la ejecución de los procesos logísticos. En ese contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia de la Contraloría General de la República del Perú desde etapas previas a la firma de contratos, y no únicamente durante su ejecución.

La especialista consideró clave promover una mayor articulación entre instituciones para evitar vacíos en la supervisión. A su juicio, la participación de una unidad externa de auditoría permitiría revisar de manera más rigurosa aspectos como la selección de proveedores, el cumplimiento de contratos y la operatividad del sistema electoral, reduciendo riesgos de irregularidades.

Asimismo, remarcó que el problema no radica en la normativa vigente, sino en su aplicación práctica dentro de la gestión pública. Indicó que las reglas existen y son claras, pero no se están cumpliendo de manera adecuada, lo que genera escenarios de incertidumbre que podrían haberse prevenido con controles oportunos.

Finalmente, Gaviño subrayó que la transparencia es un elemento central que ha fallado en este proceso. Cuestionó que no se haya publicado oportunamente la documentación de los procesos de selección en los canales oficiales, como exige la norma, lo que —según afirmó— habría permitido detectar irregularidades desde el inicio y evitar los problemas que hoy afectan la confianza en el sistema electoral.