La investigación fiscal contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pone el foco en una cuenta bancaria del BCP abierta a nombre de su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, donde se habrían registrado movimientos por más de S/200 mil que no fueron reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Ministerio Público sostiene que estos fondos estuvieron vinculados a actividades políticas y campañas electorales entre 2018 y 2020.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Humberto Ruiz, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, en la cuenta de William Sánchez Palomino ingresaron y salieron S/204.951,36 durante las elecciones regionales y municipales de 2018. Sin embargo, ante la ONPE el partido habría consignado montos de “S/0.00” en ingresos y gastos relacionados con ese proceso electoral.

La tesis fiscal también menciona otra cuenta mancomunada vinculada a integrantes de la organización política, en la que se habrían depositado S/75.750 durante las elecciones congresales extraordinarias de 2020. Según información difundida por El Comercio, la Fiscalía considera que existió un esquema paralelo de manejo de fondos partidarios que no fue transparentado ante las autoridades electorales.

Uno de los testimonios clave del caso es el del exdirigente Leandro Afrade Cerna Herrera, quien declaró que candidatos y militantes realizaban depósitos en la cuenta administrada por el hermano de Roberto Sánchez. Según afirmó, posteriormente enviaban los vouchers de pago tanto a Roberto como a William Sánchez. “Ricardo Sánchez Palomino aperturó una cuenta en el Banco de Crédito y sacaron unas tasas entre comillas, para que todos los postulantes a nivel nacional depositáramos los montos”, señaló el exdirigente ante el Ministerio Público.

Roberto Sánchez rechazó las acusaciones y aseguró que el dinero observado correspondía al Comité Electoral Nacional y no a fondos partidarios. También negó que su hermano haya sido tesorero de la agrupación. El candidato presidencial afronta un pedido fiscal de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que el Poder Judicial evaluará el próximo 27 de mayo la acusación formulada por el Ministerio Público.