La Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el presunto liderazgo de una organización criminal vinculada a los casos Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda. Con esta decisión, la Sala Suprema declaró infundado el recurso de apelación presentado por su defensa y ratificó que la medida se extenderá hasta el 8 de marzo de 2027.

El fallo ratifica la resolución emitida en febrero por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que acogió el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para prorrogar por doce meses la prisión preventiva. Según la resolución, la complejidad de la investigación requiere un mayor plazo para la realización de pericias y análisis técnicos especializados, además de las diligencias pendientes en un caso que involucra a más de 90 investigados.

La Sala Suprema también consideró que persiste el peligro de fuga, al evaluar la falta de arraigo laboral de Castillo, la disposición del Gobierno de México para otorgarle asilo político —como ocurrió con la exjefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez— y la permanencia de parte de su familia en ese país. Asimismo, exhortó al Ministerio Público a actuar con celeridad en el desarrollo de las investigaciones, al advertir que no concederá una nueva ampliación del plazo de la medida coercitiva.

Las investigaciones comprenden presuntos actos de corrupción relacionados con el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo en Petroperú, el supuesto direccionamiento de la licitación del Puente Tarata III en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la emisión del Decreto de Urgencia N.° 102-2021 para financiar proyectos en determinadas municipalidades desde el Ministerio de Vivienda. En estos casos también son investigados los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, además de familiares y otros presuntos integrantes de la organización criminal.

La decisión judicial se conoce en medio de versiones sobre un eventual indulto o gracia presidencial a favor del exmandatario y mantiene vigente la medida de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales en su contra. Además, el mismo tribunal tiene previsto resolver en marzo de 2027 la impugnación presentada contra la condena de 11 años y cinco meses impuesta a Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.