La Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción de repudio contra el asilo concedido a Nadine Heredia, ex primera dama del Perú, condenada por lavado de activos.

Durante la sesión, los legisladores criticaron duramente la decisión del gobierno de Lula da Silva, calificándola como “una afrenta” y “un pésimo mensaje al mundo”. La votación terminó con 22 votos a favor de la moción, seis en contra y ninguna abstención.

El diputado Luciano Zucco, impulsor de la medida, sostuvo que otorgar asilo a una persona sentenciada por corrupción distorsiona los principios de la Convención de Asilo Diplomático y atenta contra los compromisos de Brasil en la lucha internacional contra la corrupción. Además, denunció que el uso de un avión militar brasileño para trasladar a Heredia desde Perú representa un malgasto de recursos públicos, situación que será objeto de una auditoría a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión.

Durante el debate, varios diputados de oposición subrayaron que el caso daña la imagen de Brasil como una nación comprometida con la integridad pública y puede proyectarlo como un refugio para delincuentes de cuello blanco. El presidente de la comisión, Filipe Barros, expresó su indignación y reiteró que el gobierno federal debe respetar a los ciudadanos brasileños y proteger los recursos públicos, criticando el uso del avión militar para fines ajenos a emergencias nacionales.

En defensa del asilo, el diputado oficialista Arlindo Chinaglia argumentó que el salvoconducto otorgado por el gobierno peruano validó el proceso y que se consideraron los problemas de salud de Nadine Heredia. Sin embargo, estas justificaciones no evitaron que se aprobaran también las citaciones al canciller Mauro Vieira para que rinda cuentas ante el Congreso sobre el otorgamiento del asilo y el uso de recursos estatales.

La controversia continúa creciendo en el Congreso brasileño, donde ya suman más de veinte iniciativas parlamentarias relacionadas con este tema. La Cámara de Diputados y el Senado han solicitado información adicional a los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, mientras la presión política sobre el gobierno de Lula da Silva por el caso Heredia sigue en aumento.