El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) suspendió temporalmente la ejecución del laudo arbitral que favorecía a la empresa española ENAGÁS en el caso del Gasoducto Sur Peruano.

Esta decisión responde a la solicitud presentada por el Estado peruano, que busca anular el fallo emitido en diciembre de 2024, tras cuestionar que el tribunal arbitral no haya tomado en cuenta pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto al consorcio GSP.

La Comisión Especial que representa al Estado peruano en controversias internacionales informó que la solicitud de anulación fue presentada el 30 de mayo, tras una evaluación detallada del laudo y de la decisión de rectificación posterior, que incluso elevó la compensación ordenada a favor de las empresas demandantes. Esta decisión del tribunal fue adoptada por mayoría, aunque contó con un voto disidente, y se basó en ajustes a la metodología del cálculo de los daños.

En respuesta, el Perú, con el respaldo de sus abogados internacionales del Estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, solicitó no solo la anulación del laudo, sino también la suspensión de su ejecución. El CIADI notificó oficialmente el 2 de junio a las partes involucradas el inicio del procedimiento de anulación, así como la suspensión solicitada, mientras se analiza la validez de las objeciones presentadas por el Estado.

Las autoridades peruanas sostienen que la exclusión de pruebas clave que evidenciarían conducta criminal en el proceso de adjudicación del gasoducto representa una vulneración al principio de integridad en la administración de justicia. El objetivo del procedimiento de anulación es preservar los derechos soberanos del Estado y evitar precedentes que comprometan la lucha contra la corrupción y la legalidad de futuras inversiones públicas.

La Comisión Especial aseguró que continuará defendiendo los intereses del Perú en todas las instancias del proceso ante el CIADI. Según señalaron, se trata de una acción que reafirma el compromiso del país con la transparencia, el cumplimiento del derecho internacional y la correcta aplicación de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados.