La firma Brookfield, una de las principales inversionistas en el proyecto Rutas de Lima, ha decidido demandar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al considerar que se han vulnerado disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Perú.

La medida responde a una serie de acciones que la empresa califica como hostiles, entre ellas, la sentencia del Tribunal Constitucional que impide el cobro de peajes en la zona de Chillón.

Rafael Llano y María Beguiristain, miembros del estudio White & Case y voceros legales de Brookfield, lamentaron que el Perú haya pasado de ser un referente en materia de concesiones y regulación, con entidades como Indecopi, a una situación que describen como incompatible con la seguridad jurídica que requieren las inversiones. “El Perú que vemos ahora es distinto”, señalaron en referencia al giro que perciben en el tratamiento hacia los inversionistas extranjeros.

La empresa sostiene que su inversión de más de mil millones de dólares en el país ha sido completamente socavada por decisiones unilaterales y una actitud que consideran abiertamente adversa por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que busca retirar a Brookfield del país. Para la firma, el mensaje que se está enviando al pedirles que se rindan bajo presión es contraproducente: “Ese no puede ser el mensaje a un inversionista”, advirtieron.

En este contexto, Brookfield plantea que lo ocurrido no solo representa un incumplimiento del TLC, sino un precedente peligroso para futuras inversiones extranjeras en el país. La demanda ante el Ciadi marca un punto crítico en la relación entre la empresa y el Estado peruano, en medio de un clima creciente de desconfianza.