La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles la ley de amnistía que beneficiará a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa investigados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

La norma, aprobada por el Congreso el 9 de julio, excluye únicamente a sentenciados por terrorismo y corrupción, e incorpora un beneficio humanitario para mayores de 80 años. Su promulgación ocurre pese a la solicitud expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el trámite fuera suspendido.

En la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno estuvieron presentes congresistas como Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Jorge Montoya y José Williams, así como autoridades militares, policiales y miembros de comités de autodefensa. Boluarte justificó la medida señalando que el país “está honrando a sus defensores” y rechazó lo que calificó como “intromisión interna o externa” en los asuntos del Estado.

El contenido de la ley ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos, que advierten que podría propiciar la impunidad en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, ambos declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte IDH. Los críticos recuerdan que una disposición similar fue aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990, con el objetivo de exonerar a militares implicados en violaciones graves a los derechos fundamentales.

Las asociaciones de víctimas, como la ANFASEP, sostienen que la norma vulnera derechos a la verdad, justicia y reparación, además de contravenir la jurisprudencia internacional que prohíbe amnistías en casos de delitos de lesa humanidad. En contraste, sus promotores en el Parlamento, principalmente de bancadas conservadoras, la defienden como una acción de “reconocimiento y justicia” hacia quienes enfrentaron al terrorismo.

La Corte IDH ha convocado a una audiencia pública para el 21 de agosto con el fin de evaluar el impacto de esta ley y advirtió que su entrada en vigencia podría constituir un incumplimiento de sentencias internacionales. De confirmarse, sería el cuarto desacato del Estado peruano a este tribunal durante la gestión de Boluarte, lo que podría derivar en nuevas sanciones y tensiones diplomáticas.