La abogada penalista Romy Chang sostuvo que el Ministerio Público debe investigar a las personas que promueven actos de violencia o desconocimiento de los resultados electorales, luego de que diversos dirigentes y simpatizantes vinculados a Juntos por el Perú realizaran declaraciones sobre una eventual “guerra civil” o movilizaciones si no se aceptaban los resultados de los comicios. Según indicó, estas conductas podrían configurar delitos graves contemplados en el Código Penal.

La especialista recordó que los delitos de rebelión, sedición y conspiración contemplan penas que oscilan entre los 10 y 20 años de prisión. En ese sentido, consideró preocupantes las expresiones que llaman a la población a enfrentar a las autoridades o a tomar acciones por cuenta propia ante un resultado electoral adverso. “Está mal azuzar a la violencia. Una cosa es manifestar una posición política y otra muy distinta es promover actos que generen disturbios o enfrentamientos”, señaló.

Chang se refirió especialmente a declaraciones difundidas por el programa Cuarto Poder, donde figuras como el exministro Aníbal Torres, el virtual diputado César Hugo Tito Rojas y el dirigente puneño Lucio Cayo Callata cuestionaron el proceso electoral y plantearon escenarios de movilización social. La jurista advirtió que, de concretarse acciones violentas o llamados a desconocer el orden constitucional, las autoridades tendrían la obligación de intervenir y determinar posibles responsabilidades penales.

Asimismo, explicó que el artículo 417 del Código Penal sanciona el ejercicio arbitrario del propio derecho, es decir, cuando una persona intenta imponer por sí misma lo que considera justo en lugar de recurrir a las vías legales correspondientes. Aunque este delito contempla sanciones menores, precisó que los llamados a la insurgencia o a la rebelión pueden tener consecuencias mucho más severas cuando implican incitación a la violencia contra el Estado o las instituciones democráticas.

La penalista remarcó que la Fiscalía de Prevención del Delito tiene la responsabilidad de actuar antes de que se produzcan hechos violentos y afirmó que quienes realizan este tipo de exhortaciones deben ser citados e investigados. En particular, consideró que César Hugo Tito Rojas debería ser llamado a declarar para esclarecer el alcance de sus declaraciones. Finalmente, enfatizó que el derecho a la protesta pacífica está garantizado, pero que cualquier convocatoria a la violencia o a una eventual guerra civil debe ser objeto de investigación y sanción conforme a la ley.